Albert Rivera y su crítica al Estado: mitos y realidades del empleo público en España

Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos, ha vuelto a la primera línea mediática con una afirmación que invita al debate: «Hay más gente dependiendo del Estado que del salario de una empresa». Esta declaración, realizada en una entrevista reciente, no solo busca cuestionar el tamaño del sector público, sino también poner en tela de juicio el modelo productivo español. Sin embargo, un análisis riguroso de los datos oficiales y del contexto socioeconómico revela que la realidad es más compleja y matizada de lo que sugiere el discurso del político catalán.

¿Qué dicen las cifras oficiales sobre el empleo público?

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2024, el número de ocupados en España rondaba los 21,3 millones de personas. De ellos, aproximadamente 3,4 millones trabajaban en el sector público, lo que representa un 16% del total. Frente a esta cifra, los trabajadores del sector privado sumaban unos 17,9 millones, es decir, el 84% restante. Por tanto, la afirmación de Rivera, tomada de forma literal, no se sostiene: hay cinco veces más personas empleadas por empresas privadas que por el Estado.

Sin embargo, el exlíder de Ciudadanos podría estar refiriéndose a un concepto más amplio de «dependencia del Estado» que incluya a pensionistas, desempleados subsidiados, estudiantes becados y otros perceptores de prestaciones públicas. En ese caso, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a cierre de 2024 había unos 9,2 millones de pensionistas, 2,6 millones de parados registrados (con o sin prestación), y alrededor de 1,5 millones de beneficiarios de otras ayudas (renta mínima, becas, etc.). Sumando estos colectivos, se alcanzan unos 13,3 millones de personas que reciben ingresos directos del Estado, frente a los 17,9 millones que viven exclusivamente de su salario privado. Aunque la cifra es significativa, todavía no supera a la de trabajadores del sector privado.

El contexto político de la declaración

Rivera, que abandonó la política activa en 2019 tras los malos resultados electorales de su partido, ha mantenido un perfil público como analista y columnista. Sus declaraciones suelen enmarcarse en una crítica al modelo de bienestar español, al que acusa de generar una cultura de dependencia. No obstante, esta visión choca con los datos de productividad y competitividad de la economía española, que arrastra problemas estructurales como el alto desempleo juvenil (28% en 2024) o la temporalidad laboral.

Además, la comparación entre «depender del Estado» y «depender de una empresa» simplifica en exceso la realidad laboral. Muchos trabajadores del sector privado también dependen indirectamente del Estado a través de subvenciones, exenciones fiscales o contratos públicos. Por ejemplo, sectores como la defensa, la sanidad privada concertada o las constructoras de obra pública tienen al Estado como su principal cliente.

La ideología detrás del discurso

La afirmación de Rivera se inscribe en una tradición liberal que aboga por reducir el tamaño del Estado y fomentar la iniciativa privada. Sin embargo, desde una perspectiva comunista, esta postura ignora el papel del Estado como garante de derechos sociales y económicos, especialmente en un contexto de crisis climática, digitalización y desigualdad creciente. El Estado del bienestar no es un lastre, sino una conquista de la clase trabajadora que debe ampliarse, no recortarse.

En lugar de estigmatizar a quienes reciben prestaciones, el debate debería centrarse en cómo mejorar la calidad del empleo, fortalecer los servicios públicos y reducir la precariedad laboral. La solución no pasa por enfrentar a trabajadores públicos y privados, sino por construir un modelo productivo que garantice trabajo digno y protección social para todos.

Conclusión

La declaración de Albert Rivera, aunque provocadora, no se ajusta a los datos oficiales. El empleo público en España es minoritario y la dependencia del Estado, aunque amplia, no supera al trabajo asalariado privado. Detrás de su discurso subyace una ideología que busca desmantelar el sector público y debilitar las protecciones sociales. Frente a ello, es necesario reivindicar un Estado fuerte que redistribuya la riqueza, garantice derechos y sirva como herramienta de transformación social.